Chile: Incendios forestales 2023, Reporte de Situación N5

Descripción de la emergencia y respuesta inicial

Desde el 30 de enero de 2023 una ola de calor extendida generó las condiciones ideales para el desarrollo de incendios forestales en la región centro meridional del país. Estos incendios de origen prevalentemente humano se encuadran en un contexto caracterizado por varios años de deficiencia hídrica y veranos con récords de temperaturas altas, los que favorecen la expansión de estos incendios.

De esta forma como es cada vez más usual en los meses de verano, a principios de febrero, se registró un gran número de incendios forestales (al menos 406 eventos individuales), varias docenas de ellos "incendios de alerta roja", que a la fecha afectaron cerca de 450.000 hectáreas (1.112.000 acres), lo que representa del doble de la superficie del Luxemburgo. Como efecto de los incendios, perdieron la vida 26 personas y cerca de 8.000 resultaron afectadas por la pérdida de viviendas o medios de vida, lo que ha involucrado también un importante impacto en la industria silvoagropecuaria con 11.656 productores agrícolas afectados, un total de 5.900 Ha de cultivos afectadas, y 33.909 animales muertos. Con respecto al agua, el ministerio de Obras Públicas cifró en 45 los servicios de agua potable rural (APR) dañados durante los incendios forestales. Al 6 de marzo, 26 ya han sido recuperados y 7 se encuentran parcialmente operativos. Entre otros avances, el gobierno ha dejado operativos los establecimientos educativos dañados.

Las principales regiones afectadas fueron: Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Maule. Para responder a esta emergencia el gobierno declaró estado de excepción en las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía activando toda la capacidad de respuesta prevista en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), del Ministerio de Agricultura, y de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).

Al mismo tiempo se activaron los mecanismos de respuesta previstos por la Ley 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SENAPRED, que es el organismo técnico del Estado a cargo de planificar y coordinar los recursos públicos y privado destinados a la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o provocados por la acción humana, ex ONEMI).

La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, en coordinación con la Cancillería, solicitó el despliegue de una misión del Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) con el propósito de fortalecer la capacidad interna de análisis y manejo de información de la situación y facilitar la coordinación de la respuesta internacional en apoyo al país.

Impacto al 21 de marzo

7.835 Personas damnificadas Personas fallecidas Personas albergadas

2.560 Viviendas destruidas

1.518 Viviendas dañadas

439.000 Hectareas quemadas

5.900 Cultivos afectados (ha)

33.909 Animales muertos

11.656 Agricultores afectados

84% Colmenas dañadas

Resumen respuesta nacional

A nivel nacional la respuesta estuvo principalmente a cargo de los Ministerios del Interior, Defensa, Desarrollo Social y Familia (que incluye servicios como el SENAMA y CONADI), Obras Públicas, Salud, Agricultura, Educación, Culturas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la primera línea de combate al fuego en tierra, destacan brigadas de CONAF, del Estado Mayor Conjunto, de empresas forestales, y bomberos nacionales de otras regiones desplegados. La segunda línea, estuvo compuesta por miembros de las distintas ramas de las FF.AA.

En términos de apoyo económico a los afectados, el gobierno comenzó a entregar un bono de recuperación a mediados del mes de febrero, con una primera nómina de 1.742 hogares beneficiados y en una segunda nómina, a fines del mismo mes, donde 1.512 familias fueron alcanzadas. Además, CONADI proporcionó ayuda económica destinando 500 millones de pesos ($US625 mil) para la ayuda a las comunidades indígenas de La Araucanía, Biobío y Ñuble. A estas acciones se suman las exenciones tributarias que han incluido la condonación de multas e intereses y facilidades por impuestos impagos, la ampliación del período para declarar IVA y otros impuestos mensuales, la retasación de bienes raíces afectados y la postergación de primera y segunda cuota del impuesto territorial en las zonas afectadas.

En repuesta a la necesidad de alojamientos temporales, el gobierno ha entregado 1.468 viviendas de emergencia, y paralelamente ha apoyado con la construcción de 1.331 fosas sépticas; además se han entregado 11.300 herramientas e insumos y 1.500 kg de film plástico, para apoyar las obras limpieza e instalación de los módulos habitacionales.

En términos de apoyo a la población adulta mayor, el Servicio de Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ha habilitado un teléfono 24/7 para entregar apoyo e información a todas las personas mayores que se han visto afectadas por la emergencia y a sus familias. Además, se adelantó la postulación de las regiones afectadas por los incendios forestales del Fondo Nacional Hernán Zapata Farías 2023, el cual apunta a financiar proyectos autogestionados por organizaciones de personas mayores. Los recursos del Fondo en la Región del Biobío para este año alcanzan los $307.460.219 y $285.000.000 en proyectos directos a las comunas afectadas por los incendios en el marco del plan de recuperación y ayudas tempranas. En el caso del Fondo en la región de la Araucanía, los recursos bordean los 287 millones de pesos.

Las municipalidades también han recibido apoyo, desde el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) mediante un fondo cuyo objetivo es reembolsar los gastos iniciales en que incurrieron a raíz de la emergencia como, por ejemplo, la compra de combustible, alimentación para voluntarios y brigadistas, elementos de protección personal entre otros.

En cuanto a salud, el Ministerio de Salud ha estado monitoreando la calidad del agua a través de la SEREMIs y ha activado también células de Equipos Médicos de Respuesta de Emergencia que se despliegan en la zona afectada e intervienen cuando los siniestros son controlados.

A nivel de salud alimentaria, el Ministerio de Agricultura destinará 3.400 millones de pesos ($US 4,25 millones) para entregar alimento animal, insumos para crianceros, agricultores y apicultores afectados, además de 340 mil sacos de 25 kilos de pellets, alimento apícola y alimento para aves. Estos recursos se suman a los 1,400 millones ($US 1,75 millones) asegurados a inicios de febrero. También, cabe destacar la implementación de un fondo especial para la reconstrucción de infraestructura de riego y reactivación económica a cargo de la Comisión Nacional de Riego. En el mes de marzo, el ministro de agricultura anunció un paquete de medidas que contempla la entrega de 5 mil subsidios de hasta $1 millón y 6.100 subsidios de hasta $3 millones, lo que totaliza nuevos recursos por $23 mil millones.

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