Maternidad con igualdad

En el marco de 16ª Conferencia de los Estados Partes (COSP) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en la sede de la ONU en Nueva York, se lanzó este protocolo que busca promover la sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, facilitando la concreción de estos derechos en los diferentes servicios implicados en las distintas etapas de la maternidad.  

Está dirigido a quienes atienden a mujeres con discapacidad en diferentes servicios e instituciones, especialmente en el sector de la salud. Esta iniciativa ha sido desarrollada con la contribución y cooperación técnica de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y elaborado a partir de una encuesta jurídica y un estudio de campo, con entrevistas a mujeres con diferentes tipos de discapacidad que han sido madres. Además, el diseño de este protocolo fue validado por organizaciones de la sociedad civil representativas de estos temas. 

Para las mujeres con discapacidad entrevistadas, su discapacidad no les ha impedido ser madres. La mayoría de ellas recibieron la noticia con alegría, tanto si el embarazo estaba planificado como si no. Pero, según lo que señalaron -en mayor o menor medida- esta felicidad siempre iba acompañada de inseguridad y miedo a los obstáculos que tendrían que afrontar más adelante en este largo proceso, lo que se traduce en preocupación por su salud y la de su hijo por nacer.  

Los principales obstáculos o barreras experimentados durante el embarazo y el parto surgieron del sistema médico. Por un lado, existen obstáculos relacionados con la infraestructura, la información y la comunicación, el tratamiento y los protocolos para partos adaptados, lo que demuestra que la promoción de la autonomía de las mujeres con discapacidad no está en el centro de las definiciones que rigen la salud pública. Esto se debe principalmente a las barreras actitudinales y culturales que cuestionan y temen la sexualidad y la maternidad de las mujeres con discapacidad. A menudo, las propias familias o las personas que prestan apoyo han instalado prejuicios mucho antes del embarazo y pueden instaurarlos en las mujeres con discapacidad.  

Las madres con discapacidad entrevistadas también mencionaron otros ámbitos de la vida en los que se enfrentan a obstáculos: ciudades poco amigables para las personas con movilidad reducida; viviendas que no están adaptadas por falta de recursos; un sistema educativo que no considera las necesidades de apoyo expresadas por las madres con discapacidad intelectual que desean seguir presentes en el aprendizaje de sus hijos, o que no contempla adaptaciones para incluir a las mujeres sordas, o con discapacidad visual en la vida escolar; un sistema laboral que no brinda apoyo para un retorno conciliador después del puerperio; y un sistema judicial y de protección social que considera a las mujeres con discapacidad intelectual y a las mujeres con discapacidad psicosocial como "menos aptas" para ser madres. Todo ello constituye no sólo una barrera, sino también un peligro para los proyectos de maternidad de estas mujeres y para el interés superior de sus hijos. 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el Estado reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples e interrelacionadas formas de discriminación y, en este sentido, obliga a los Estados a adoptar medidas para garantizar su disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación.  

También deben adoptarse medidas apropiadas para garantizar el desarrollo, el adelanto y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Lo anterior está directamente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), que en su meta 3.7, establece que para 2030 se debe garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Esto se ve reforzado por el ODS 5 (Igualdad de Género), que en la meta 5.6, que exige el acceso universal a la salud y los derechos reproductivos.  

El protocolo presentado también busca promover sinergias entre organizaciones de personas con discapacidad, mandatos, agencias de Naciones Unidas, entre otros, que trabajen por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular de las mujeres con discapacidad. Así como también, movilizar el apoyo de los Estados hacia la declaración política de la Cumbre de los ODS sobre SDHR como acelerador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.